A primera hora de ayer, la presidente Cristina Fernández se presentó en la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), en el marco de la 39° conferencia anual de la FAO. Allí en su discurso oficial, una larga alocución en la que repasó las políticas económicas de los últimos 12 años de gobierno que comenzara en 2003 con la gestión del fallecido Néstor Kirchner. En lo que a nuestra actividad se refiere, en uno de los párrafos de su alocución la presidente expresó: “Es inconcebible, pero lo hay, que haya mercados a futuro en materia de granos y entonces se especule si vendo la cosecha o no. Y lo digo con autoridad ya que en mi país, de acuerdo con informes mundiales, tenemos una reserva del 60% de la soja a nivel global. Esto no es responsabilidad del Estado, porque obviamente el Estado no puede intervenir en la actividad comercial y obligar a vender nada a nadie, pero debería, en materia alimentaria, como en tantas otras, en materia financiera, haber regulaciones globales…”

Tal afirmación es cuanto menos desatinada y tenemos la obligación de rechazarla. Por definición los mercados de futuros son favorables a todos los integrantes de la comunidad agroindustrial, incluyendo al gobierno. Por citar sólo un ejemplo, en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores expresa: “Los Mercados de Futuros y Opciones brindan a los que toman cobertura de precio la posibilidad de trasladar el riesgo de los precios inherentes a sus negocios, reduciendo así el riesgo de pérdida financiera y de esta manera permite a éstos bajar sus costos. Esto trae como consecuencia un sistema de comercialización más eficiente y de esta forma se reducen los costos para los consumidores.”

En este sentido, el grano que ha sido más regulado y el mercado más intervenido por el Estado en nuestro país es el trigo. Teniendo como resultado la menor superficie implantada en más de un siglo. 

(Fuente: AGRINTER)